El Ayuntamiento de San Javier abre una oficina de información y atención ciudadana en La Manga

La alcaldesa de San Javier, Pepa García y alcalde pedáneo de en La Manga, Manuel García Ferré y el concejal del equipo de Gobierno y vecino de La Manga, José Luis Espinosa acompañados por diversos miembros del equipo de gobierno municipal han inaugurado esta mañana una oficina municipal ubicada en la urbanización Castillo de Mar, en La Manga, que entre otros objetivos permitirá "que la voz del vecino sea escuchada de forma directa y que vea a su Ayuntamiento presente en La Manga", explicó, García Ferré.

En un acto que ha contado con la presencia de representantes de distintos colectivos de ciudadanos de La Manga, la alcaldesa, Pepa García señaló que la puesta en marcha de esta oficina "supone un paso más en la descentralización municipal y permitirá traer de forma progresiva servicios municipales como información y atención al ciudadano evitando desplazamientos y facilitando el contacto directo de los vecinos tanto con el alcalde pedáneo como con el concejal José Luis Espinosa, residente en La Manga, con los que los vecinos podrán concertar citas personales para transmitirles cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento".

Los primeros servicios con los que contará serán de Desarrollo Local y Juventud atendidos por el técnico municipal de Desarrollo que se desplazará a La Manga los lunes de 10:00 a 14:00h. En el mismo horario los vecinos podrán solicitar, cualquier información o entrevistarse con los responsables municipales, y obtener citas cualquier día de la semana que serán atendidas en la oficina. Inicialmente la oficina, cuyo local ya era propiedad del Ayuntamiento, abrirá los lunes de diez a dos de la tarde, aunque el horario se irá ajustando según las necesidades y demandas tras la puesta en marcha del nuevo servicio.

El alcalde pedáneo de San Javier en La Manga, Manuel García Ferré señaló que esta iniciativa "nos permitirá tanto al concejal como a mí atender las demandas de los vecinos con mayor agilidad dándole traslado inmediato al departamento correspondiente para poderle dar una solución lo más rápida posible y que el ciudadano se sienta atendido". La oficina abrirá sus puertas al público a partir del 1 de julio. En los próximos días se dará a conocer un teléfono de contacto.

El edil de Seguridad, Manuel Leal recordó que la apertura de la oficina municipal en representación del Ayuntamiento de San Javier "es un paso más de los que ya hemos dado en La Manga durante esta legislatura para acercar la Administración al ciudadano, como se hizo con el reforzamiento de Policía Local, aumentando una patrulla más; Protección Civil, con un puesto de vigilancia de playas los 365 días del año con silla anfibia, o en materia de Sanidad, con la creación de un consultorio médico en La Manga norte". Leal anunció, asimismo, la puesta en marcha de la administración telemática "que permitirá a los vecinos resolver trámites con el Ayuntamiento desde sus casas".

Incomprensible decisión de no instalar el S.U.A.P. por “falta de cartillas” en La Manga mientras autorizan la apertura de siete nuevas farmacias

Tras los últimos cambios en la organización del SMS (Servicio Murciano de Salud) y la llegada de un nuevo Sub-Director Asistencial para Cartagena, D. Alfonso de Miguel, las promesas del anterior gerente en el sentido de ampliar para este verano los servicios del Consultorio de EL ESTACIO, que desde hace dos años y por iniciativa del Ayuntamiento de San Javier, viene prestando atención médica a los vecinos y turistas de LA MANGA-NORTE, así como la perfecta equipación de la ambulancia y el servicio de pediatría para desplazados en el Centro de Salud COSTA CÁLIDA, tienen sus días contados si nos atenemos a las últimas declaraciones de responsables políticos de Cartagena y al silencio de la Consejería de Sanidad.

En opinión de Salvador Martínez, responsable socialista en la zona, “ Ahora no es el momento de rebajar la calidad y extensión de los servicios médico-asistenciales en La Manga del Mar Menor, zona de alta incidencia turística. Muy al contrario, necesitamos de los mejores servicios sanitarios , no solo para nuestros vecinos, sino para los casi 400.000 visitantes que recibiremos este verano. Y por este motivo reclamamos al Servicio Murciano de Salud que tome todas las medidas necesarias para cumplir con las promesas hechas a los vecinos de esta zona.”

Los socialistas también denuncian la doble vara de medir que utiliza la Consejería en los asuntos de La Manga:

Viene retrasando la instalación del SUAP (doble equipo médico durante las 24 horas los 365 días del año) para el Centro COSTA CÁLIDA desde hace años, argumentando la existencia de “pocas cartillas sanitarias empadronadas” y por contra nos informan que recientemente se han adjudicado 10 nuevas oficinas de farmacia en la Región de Murcia, y 7 de ellas son para la Zona Farmacéutica de La manga, argumentando su necesidad por los cientos de miles de visitantes que aquí se reciben.

Según Martínez. “Ya es hora de que nuestros políticos regionales y locales se den cuenta de la importancia que para nuestra economía ha sido y sigue siendo el turismo que tiene a La Manga del Mar Menor como referente principal. Y en sus manos está garantizar la mejor asistencia médica posible , no solo para el turismo sino también para los ciudadanos que deciden residir en este paraíso del mediterráneo todo el año y que pagan altos niveles de impuestos”.

El TSJ anula dos permisos a Puerto Mayor, aunque podrá continuar la construcción de la dársena deportiva

El promotor Tomás Maestre podrá construir la dársena deportiva de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, mientras que el Gobierno regional debe revisar dos actos administrativos de los años 1988 y 2003 que propiciaron la construcción de este proyecto junto al Canal de El Estacio. Parece una contradicción, pero no lo es, según han explicado a 'La Verdad' diversas fuentes. Después de cinco años de autos, peritajes y recursos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha dado en parte la razón al recurso que presentó la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El alto tribunal ha anulado dos resoluciones de los años 1988 y 2003 porque no las considera ajustadas a derecho, después de la negativa de la Comunidad Autónoma, por silencio administrativo, de revisar estas autorizaciones. En ambas, se aprobaba una nueva prórroga de las obras y se levantaba la suspensión que pensaba sobre el proyecto. El TSJ no ha atendido la petición de que se anule la concesión al promotor Tomás Maestre. Condena a la Administración regional a que admita estas dos solicitudes de revisión de oficio. Además, deberá pedir un dictamen al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, aunque puede resolver «libremente» lo que proceda. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En ámbitos judiciales se da por hecho que habrá recursos

En 2004, Narbona presentó un recurso contencioso administrativo para obligar al Gobierno regional a paralizar las obras y a retirar la concesión que la empresa obtuvo en 1975 por parte del régimen anterior. El recurso del Ministerio iba dirigido contra la Comunidad Autónoma, y como parte codemandada, las sociedades Puerto Mayor S.A., Urmenor S.A. y Puerto Menor S.A.

Terreno ganado al mar

Mientras daba trámite al recurso, el alto tribunal ordenó en 2005 paralizar los trabajos para construir una dársena deportiva para 950 embarcaciones, sobre terrenos ganados al mar. El Ministerio de Medio Ambiente sostuvo que este puerto podía ocasionar un grave daño medioambiental en la zona, a la vez que argumentaba que dicho proyecto no se ajusta con la actual legislación. El TSJ no entró en consideraciones medioambientales -y nunca lo ha hecho-, sino en el objeto del recurso, encaminado a saber si el Gobierno autonómico actuó correctamente desde el punto de vista administrativo. Tres años después, en 2008, esta sección del TSJ presidida por el magistrado Mariano Espinosa de Rueda Jover, e integrada por María Consuelo Uris Lloret y María Esperanza Sánchez de la Vega, acordó una serie de medidas cautelares que son las que siguen vigentes, aún con la sentencia recién dictada. Es decir, se puede terminar la construcción de la dársena deportiva, excepto la prolongación de un dique y el cerramiento de la nueva bocana. Se permiten todas las obras anteriores a 2001, ya que el proyecto ha experimentado varias modificaciones. No obstante, no se podrá construir la urbanización prevista en los planes iniciales.

Estas medidas cautelares persistirán mientras que la Administración autonómica revise los actos que facilitaron el proyecto, que no tienen por qué ir en contra del puerto deportivo.

Los informes de Costas

En cuanto a los actos administrativos realizados de forma incorrecta, el TSJ ordena que el Ejecutivo regional los revise. Se trata de la prórroga que se dio a la empresa en 1988 -bajo el Gobierno de Carlos Collado- y a la decisión posterior de la Agencia Regional de Medio Ambiente de paralizar el proyecto, la cual fue apoyada por el Consejo de Gobierno. El otro acto invalidado es del año 2003 -con Valcárcel en el Gobierno- en el que la Dirección General de Calidad Ambiental dio luz verde a la continuación de las obras. En ambos casos, no se dio trámite a la Dirección General de Costas del Gobierno central, que siempre se ha opuesto a la construcción de esta dársena por considerar que causa un grave daño medioambiental a la zona y contraviene la legislación posterior a 1975. Ahora hay que aclarar si tal informe era preceptivo o no, y en segundo lugar comprobar si dichas obras afectan o no a la configuración exterior del puerto.¿Quién lo tiene que hacer? El propio Gobierno regional, a quien la sentencia del TSJ obliga a revisar estas dos autorizaciones. Tal revisión puede concluir con que ambos actos administrativos se anulan, o por el contrario tienen validez. Esto hace presagiar otro recurso contencioso administrativo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de que el Ejecutivo autonómico no retire la concesión a Tomás Maestre y paralice definitivamente las obras, que es el objetivo primero y último del Gobierno central.