lunes, 8 de marzo de 2010

Cala Reona dejará de ser un paraiso después de que el PP de Cartagena haya aprobado hoy el nuevo PGOU

El pleno del ayuntamiento de Cartagena ha aprobado hoy el texto refundido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que incluye entre otras propuestas la recalificación de terrenos en Cala Reona o la protección de veinte millones de metros cuadrados en la ribera sur del Mar Menor.
El equipo de gobierno ha defendido en solitario este documento que ha contado con el rechazo de los dos grupos de oposición. El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, ha acusado a la oposición de "oportunismo, ya que "lo único que había pedido hasta ahora en relación a Cala Reona era que ésta se separara de Calblanque con una franja de vegetación". "Lo que plantea el Ayuntamiento es muy razonable para un horizonte de 25 años, ya que la urbanización inmediata mediante un plan parcial está descartada", añadía, culpando, además, de la polémica "a los intereses de una organización determinada", con lo que hacía una referencia velada a ANSE.
Por su parte, Caridad Rives del PSOE ha dicho que "esta corporación tiene la posibilidad de proteger Cala Reona o dejar que el urbanismo salvaje la arrase y si esto ocurre la responsabilidad será sólo del PP". Además, ha subrayado que "ni siquiera está justificado el urbanizar en la zona por motivos turísticos ya que lo que se prevé en este nuevo PGOU es un desarrollo residencial".
Desde Movimiento Ciudadano, Luis Carlos García ha pedido que se salvaguarde el entorno de la urbanización desmesurada y ha solicitado que se retire el texto como un gesto de buena voluntad. No obstante, el propio Segado ha reiterado que "la decisión está tomada desde hace meses" y que "a pesar de las firmas recabadas por ANSE, la corporación municipal no piensa echarse atrás".
Finalmente, por lo que respecta a los concejales no adscritos, Juan Luis Martínez ha pedido los nombres de los propietarios de los terrenos, pregunta que no obtuvo respuesta por parte del equipo de gobierno.
El texto será ahora enviado a la Comunidad Autónoma ya que precisará para su aprobación definitiva de varios informes de la dirección general de Planificación, Evaluación y Calidad Ambiental, de Patrimonio Natural y de la dirección general de Urbanismo, éste preceptivo, así como de la dirección general de Costas, dependiente ésta última de la Administración central.